La Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) hizo constar hoy, miércoles, su oposición al Proyecto de la Cámara 2258, que propone crear la Ley de Muerte Digna, por entender que sería contrario a la misión y a los códigos de ética de sus profesionales, y que presentaría serios riesgos sociales.

La medida, de la autoría del representante Ángel Matos, permitiría que un médico prescriba medicación a un paciente diagnosticado con una enfermedad terminal para que éste la tome y se provoque la muerte “de manera voluntaria, coordinada y placentera”.

En vista pública de las comisiones de Salud y de lo Jurídico, la tanatóloga Shirley Silva, en representación de la gerencia de ASEM, catalogó como un eufemismo el término “muerte digna”. Estableció que el tema en discusión es descrito por la comunidad científica internacional como muerte asistida o suicidio asistido por un médico.

Silva señaló que existen opciones que aún no han sido diseminadas en la isla, como los cuidados paliativos, que son el alivio del dolor y los síntomas del paciente en sus últimos días de vida, así como el apoyo a sus familiares. Mencionó como otra alternativa la tanatología, que es, según lo definió Silva, la ciencia que estudia, analiza e interviene en los procesos de muerte, duelo y cambios significativos del ser humano.

“No estamos en el contexto histórico donde esta (los cuidados paliativos y la tanatología) es una práctica generalizada”, subrayó Silva.

Añadió que, según la literatura tanatológica y de cuidados paliativos, se vislumbra que “si una sociedad comienza con lo que se conoce como suicidio asistido, pudiera llevar a que se contemple la eutanasia”.

“No creo que se debe dar la oportunidad de que esto (la muerte asistida) suceda. Menos aún, cuando los procesos que pudieran manejar mejor el cierre de vida de un ser humano todavía no han sido debidamente reconocidos en Puerto Rico”, sostuvo.

El representante Matos indicó que el proyecto no descarta el cuidado paliativo, “pero cuando la ciencia ya es fútil, hay unas personas, o con que haya una, debería existir ese derecho de no caminar por sufrimiento y dolor a conciencia”.

Comparó la decisión consciente que podría tomar una persona de recurrir a la llamada muerte digna con la que podría tomar otra con relación a la cremación y a la donación de órganos, opciones que, según dijo, cuando se comenzaron a implementar en las sociedades modernas también causaron controversia, pero que hoy ya son vistas como casi cotidianas.

Silva también señaló que la aprobación de un proyecto como el propuesto tendría que significar el surgimiento de una nueva generación médica que esté dispuesta a asumir la tarea de asistir a un paciente en la terminación de su vida, pues la existente ha sido educada bajo el principio de preservar la vida.

La experta en el tema de la muerte señaló que, en el caso de que un profesional de la salud considere justificable moralmente otorgar la petición de un paciente para acabar con su vida, las leyes actuales en Puerto Rico no lo protegen contra penalidades, acciones civiles y revocación de licencias médicas.

“Una mala interpretación del concepto autonomía, de ubicación de recursos, y de potestad en la toma de decisiones y el manejo de final de la vida (en el caso de los pacientes que voluntariamente decidan optar por la muerte asistida), puede incidir (para el médico) en una práctica clínica fallida y lamentable”, estipuló.

En la tarde, depuso el presidente del comité de legislación de la Asociación de Hospitales, Carlos Santiago, quien indicó que la organización no ha logrado un consenso sobre el tema entre sus miembros.

Los representantes María Milagros Charbonier y Luis “Tato” León consignaron su oposición al proyecto.

“¿Cuándo yo dejo de convertirme en legislador para convertirme en un cuasi dios para decidir sobre la vida y la muerte?”, cuestionó León durante su turno.

Ricardo Llerandi, por su parte, también presentó reservas.

Mientras, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, Lydia Méndez, quien dirigió el proceso de vistas públicas, dijo que esperaría a escuchar a los demás deponentes citados antes de definir su posición ante la medida.

Las vistas continuarán el 25 de febrero.